Nuevos derechos, nuevas amenazas
Este artículo fue escrito a principios de junio de 2014, pensado como parte de una nota a publicarse en esos días en una revista impresa. Como todavía no salió y envejece, lo publico aquí. Sepan disculpar anacronismos.
Hace diez años, el cineasta Michel Gondry conquistó los corazones sensibles con una historia de amor distinta, donde Jim Carrey demostró que era más que una máscara bonita y Kate Winslet zafó del síndrome Titanic. Era Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, una distopía romántica con una premisa atractiva y aterradora: ¿qué pasaría si pudiéramos borrar nuestros recuerdos a voluntad?
Era ciencia ficción. Pero desde hace un tiempo los diarios hablan sobre el “derecho al olvido”. Todavía es imposible autoimponerse el olvido, y también imponérselo a otros. Sin embargo, hay un tercer implicado en el ojo de la tormenta: Google, nuestra gran memoria colectiva.
Donde hay una necesidad nace un derecho, decía Eva Perón. Y a la inversa, no hay derechos sin problemas o amenazas previos. ¿Quién podría imaginarse antes de la explosión urbana que hablaríamos del derecho a la vivienda, al agua potable, al aire limpio? Nuevas sociedades crean nuevos peligros y conflictos; la ley es la herramienta para minimizarlos, regularlos, tratar de defender a los más débiles.
¿Cuál es el “derecho al olvido”? ¿De quién? Los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. En este caso, el derecho a la privacidad, y a la propia imagen, está chocando con el derecho a conocer y a la libertad de expresión.
Pronto la Suprema Corte de Justicia se expedirá sobre el caso de María Belén Rodríguez contra Google y Yahoo. Rodríguez es una ex modelo cordobesa que demanda a los buscadores porque bajo su nombre están indexadas páginas con imágenes pornográficas erróneamente atribuidas a su persona. Los acusa de arruinar su vida relacionándola con la prostitución. Lo interesante es que no está demandando a los responsables de esas páginas, sino a los buscadores, que cumplen el rol de intermediarios: indexan, por medio de robots, lo que la web ofrece, sin juzgarlo ni evaluarlo. El abogado de Rodríguez, Alejandro Arauz Castex, aseguró que «jamás plantearía que se arrancaran las páginas que generan los contenidos que vinculan a Rodríguez con pornografía, pero hay una conducta de los buscadores que deriva en una vinculación falsa”. También recordó que, ante una medida cautelar, «Google pudo cumplir y bloquearon las fotos que la justicia ordenó. El buscador pudo distinguir entre una imagen y otra, sin afectar la libertad de expresión».
Porque justamente este es el debate: pedirle a un buscador que se erija en juez de qué se puede decir y qué no en internet, ¿no afecta la libertad de expresión? Y, del otro lado, ¿cómo puede ejercer una persona su derecho a la imagen, en un ámbito donde cualquiera dice cualquier cosa impunemente? Nuevos problemas.
La especialista en derechos en internet y Magister en propiedad intelectual María Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre, enmarca el debate en su contexto legal en un artículo en el portal Infojus Noticias. “La Corte Suprema deberá responder sobre qué tipo de responsabilidad le cabe a los proveedores de servicios de Internet, como en este caso, los buscadores, sobre los resultados de sus búsquedas y los contenidos producidos por terceros. La actora (Rodríguez) aspira a lograr un fallo que atribuya a los buscadores responsabilidad objetiva. Esta mirada considera que los buscadores de Internet son ‘cosa riesgosa’. Este fallo sería un fuerte incentivo para la censura privada. (…) En caso de que la Corte defina que la responsabilidad es subjetiva, resta otra definición clave: en qué momento el buscador tiene conocimiento efectivo de que un enlace afecta algún derecho: por notificación privada o por orden judicial. El sistema de notificación privada, conocido como ‘notificación y baja’, ha sido ampliamente criticado por las implicancias que tiene para la libertad de expresión: supone que será la empresa involucrada la que decida qué contenidos merecen ser removidos y cuáles no. (…) Sólo la justicia debería tener atribución para definir qué es legal o ilegal. De lo contrario, estaríamos pidiendo a una empresa privada que dirima en un conflicto de derechos fundamentales.”
El abogado de Google, Mariano Florencio Grondona, preguntó si el derecho argentino va a imponer a los buscadores una carga de controlar los contenidos de internet, y aseguró que “el buscador quita los contenidos agraviantes en la medida en que se indique en forma precisa el contenido ilegal».
Pero, ¿qué es “contenido ilegal”? Para el gobierno de Estados Unidos, todo el contenido de Wikileaks era ilegal, aunque se podría argumentar que lo que debería ser ilegal es mantenerlo en secreto. Si le buscamos el pelo al huevo, seguro hay leyes para censurar cualquier texto, foto o video. Según los datos provistos por Google, desde enero hasta principios de mayo recibió más de cien millones de pedidos de eliminaciones de buscador por presuntas violaciones a los derechos de autor.
En Europa, el “derecho al olvido” ya es un realidad. Un español llamado Mario Costeja González sentó jurisprudencia en mayo: un tribunal obligó a Google a desvincular de su nombre una vieja página del diario La Vanguardia donde se notificaba que el señor sufriría un embargo por deudas. La noticia era verdadera; sin embargo, Costeja González considera que como ya pagó la deuda, esa información, vinculada a perpetuidad a su nombre, afecta su honor. La página sigue online, pero solo se la encuentra buscándola específicamente en el sitio del diario. A partir del fallo, Google subió un formulario para solicitar la desvinculación de páginas que afecten el honor o la intimidad. En las primeras diez horas recibió unos 12.000 pedidos, unos veinte por minuto. Según los detractores de la ley, muchos son de estafadores, acosadores o pedófilos.
Por suerte, todo lo que se hace en la web se puede revertir en la web. Ya existe un sitio dedicado a recopilar los enlaces que Google borra, Hiddenfromgoogle. Si bien su funcionamiento es artesanal y deficiente, es un comienzo. Obligar a olvidar es difícil, sea por vía química o judicial.
Demasiada información
A nadie le gusta criticar la libertad de expresión. El punto es que la cantidad de información que se acumula cada día sobre cada uno de nosotros rompe récords cada día. Vivimos en una especie de pecera transparente, donde cualquiera podría –con los recursos suficientes– saber prácticamente todo de todos. La tarjeta SUBE registra nuestros movimientos en colectivo, las de crédito y débito muestran los consumos, el celular es un gps que da la ubicación las 24 horas, las cámaras esparcidas por todo el mundo nos fotografían a cada momento. Y, además está toda la información que se acumula en internet: la de los perfiles que llenamos voluntariamente, la de qué buscamos, qué leemos, qué escribimos, qué compramos, qué nos gusta, qué compartimos. A eso hay que sumarle también lo que dicen de nosotros, bueno o malo, cierto o falso, como en los casos reclamados por Rodríguez y Costeja González. ¿Cuánto falta para que sea absurdo, risible, mandar un curriculum? “¿Una presentación tuya hecha por vos mismo? ¿En serio? ¿Pudiendo leer lo que dicen los demás?”
Para algunos es un tema de modelo de negocios: la radio y la televisión son gratis porque pagamos con nuestro tiempo de atención a las publicidades. Internet es gratis porque pagamos con nuestra información personal, que –entre otras cosas– permite que se venda publicidad perfectamente orientada a cada usuario; se llama remarketing. Facebook acaba de anunciar que permitirá a los usuarios ver los perfiles que guarda de cada uno, lo que llama “preferencias de avisos”, y cambiarlos; pero también que, para ofrecer “avisos más relevantes”, acumulará todavía más datos, registrando la navegación de en otros sitios –fuera de Facebook– a través de su aplicación para celulares. Es decir que cobrará cada vez más a las empresas que ponen publicidad por ofrecerles público segmentado gracias a la información personal que ellos obtienen gratis. Como siempre, cuando algo es gratis, el producto sos vos.
El fundador del Partido Pirata de Suecia, Rick Falkvinge, escribió en mayo un artículo llamado “Los derechos y libertades de nuestros padres”, donde sostiene que nuestra generación ha fallado en heredarle a la próxima lo que hasta hace poco se daba por sentado. Cosas simples: mandar una carta sin que nadie la lea, mantener una conversación telefónica privada, buscar información –en una biblioteca física– sin que nadie lo registre. “Cuando nuestros padres leían el diario, nadie miraba sobre su hombro para ver exactamente qué artículo estaban leyendo y por cuánto tiempo, y nadie los contactaba después para ofrecerles nada”. Nadie anotaba con quién pensaban en salir, ni por cuáles viajes averiguaban en una agencia, ni cada paquete de chicles que compraban. “Nuestros hijos han perdido estos derechos básicos, y nuestra generación será duramente juzgada por esto”, cierra.
Cada paso que damos se convierte en información, que es vendida o usada. Hasta tal punto la infomación es dinero, que ya existen “data brokers”: compañías que recolectan y clasifican grandes cantidades de datos personales, que después venden a empresas privadas y agencias gubernamentales, para fines de marketing pero también vigilancia. Incluso hay una, The Good Data, que propone controlar los propios datos y donar el valor obtenido por su comercialización a una ONG de micropréstamos.
El periodista canadiense Cory Doctorow advierte en una nota reciente, “No sos un nativo digital”: “En Siria, Egipto y en todos lados, rebeldes y fuerzas del gobierno cortan las rutas y obligan a los que pasan a loguearse a Facebook, para poder ver quiénes son sus amigos. Si sos amigo de la persona equivocada, podés terminar preso, o baleado, o desaparecido”. Eso no suena tan extraño aquí; en los 70 era usual quemar las agendas para resguardar a amigos y parientes. Sin embargo, a nadie –ni al más ingenuo– se le hubiera ocurrido hacer públicos sus contactos de manera voluntaria. “Si pensabas que tener a tus padres espiando en el historial de tu navegador era malo, esperá a que lo haga cada gobierno y agencia del mundo”, cierra Doctorow.
Hoy los poderosos del mundo, cada gobierno, agencia o multicorporación con herramientas de minería de datos (data mining), conoce hasta nuestros deseos. Y los usa, para vendernos papas fritas o presidentes, para controlar lo que hacemos y decimos.
Desaparecer del mapa no es una opción. El desafío es lograr una web libre, neutral, igualitaria, que no avasalle el honor ni la privacidad. Ahí es donde la legislación se vuelve clave; en teoría, debería defender a los más débiles. Pero cuando un derecho es aplicado a discreción por una multinacional, la cosa cambia.
El escenario es nuevo, las herramientas han cambiado, pero los protagonistas de la batalla son los mismos de siempre. Nuevos derechos y poderes traen también nuevas responsabilidades; por lo menos; la de estar atento cada vez que se le da “aceptar” a una página de términos y condiciones.
