11. Agosto en adelante: El año de #Noalvotoelectronico

 

En 2016, el Poder Ejecutivo propuso la Reforma Electoral, que llevaba como caballito de batalla al voto electrónico, y fue rechazada en el Congreso de la Nación. Pero esto tuvo antecedentes judiciales y secuelas provinciales.

Caso Joac

La Reforma Electoral tuvo una primera derrota en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el 1 de agosto el fiscal Norberto Brotto dio por archivada la causa contra el programador Joaquín Sorianello -conocido como Joac entre los programadores- por “daño informático”. El 25 de junio de 2015, unos diez días antes de las elecciones porteñas, Joaquín había informado a la empresa Magic Software Argentina (MSA) -responsable de las máquinas de voto electrónico de la Ciudad de Buenos Aires y de Salta- que el servidor que iba a contar los votos tenía problemas de seguridad. A partir de esa acción, su casa fue allanada, sus computadoras secuestradas y él procesado.

Cuando Joaquín Sorianello informó a MSA de su vulnerabilidad, la empresa denunció ante la justicia a cinco direcciones IP: dos de Estados Unidos, dos argentinas y una antena de celular de la empresa Personal. Deberían haber excluido de su denuncia la dirección IP de Sorianello, dado que no solo era conocida por ellos sino que fue ese aviso de Joac el que motivó a MSA a denunciarlo.

La Policía Metropolitana dijo en el informe pericial que “utilizar certificados SSL gratuitos” no es una buena práctica de seguridad. La misma justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguró que el sistema de voto electrónico que ofrece MSA posee una “seguridad vaga” que era de acceso simple. Tanto el gobernador de Salta como el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron elegidos con este sistema electoral, con serios problemas de seguridad que solo pocas personas pueden auditar, y un código fuente que nunca se publicó de forma oficial. Estos procesos electorales se encuentran cuestionados por no poder demostrar la fiabilidad del sistema en ninguna de sus partes.

La decisión del fiscal Brotto logró que de ahora en más, si alguien encuentra un problema de seguridad, sepa que no tendrá ningún problema legal si lo informa antes de que sea denunciado y especifica cuáles son las distintas soluciones. Este es un precedente de suma importancia, dado que se encontraba en la ley y en la doctrina pero nunca la justicia se había encontrado con un caso de este tipo, el “hacking ético” (análisis de seguridad informática). Así, Joaquín se convirtió en el primer argentino en demostrar los problemas de seguridad en el sistema electoral de CABA y de Salta y contar con el apoyo de su accionar por la justicia.

Esta fue una batalla que nos tocó ganar. Digo “nos tocó” porque soy parte del equipo que ejerció la defensa (Perito Lic. Patricia Delbono, abogada Eva Loida Burgos Meneses y abogado Rodrigo Iglesias, quien escribe). El proceso duró más de un año y aún se encuentra en las pericias sobre el segundo imputado. Esperemos que la Policía Metropolitana concluya las pericias, y ver a qué resultado se llega.

La batalla en el Congreso por la reforma electoral

A mediados de 2016 ingresó en Diputados del proyecto de ley sobre Reforma Electoral, un caballo de Troya que contenía varios puntos oscuros y un retroceso sin igual en cuanto a la forma del voto, ya que proponía voto electrónico, cuestionado por la justicia. Era una de las principales promesas de campaña de Mauricio Macri y generó el principal ataque a la democracia argentina, proveniente del propio Poder Ejecutivo de la Nación. Se gestó como propuesta para una elección nacional y fue en bajada a los distintos puntos electorales -comicios provinciales, municipales y hasta se intentó en distintos clubes de fútbol-, siempre con el apoyo de quienes ya realizan este tipo de elecciones, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto a funcionarios y periodistas afines al Poder Ejecutivo.

También se introdujo en la Reforma electoral el sistema de paridad de género (50% mujeres y 50% hombres) en la integración de las Cámaras (cuestiones en las que varios diputados estuvieron de acuerdo). Esto no fue más que una corrida para salvar el dictamen y poner sobre tablas la ley. En el llamado a los expertos de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados quedó en evidencia que el voto electrónico era la cuestión central de la Reforma Electoral. Distintos sectores presentaron sus posturas: partidos políticos y todo el arco especialista en informática, derecho informático y electoral, criptografía, matemática, ingeniería, junto a organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Resultó extraño que el Tribunal Superior de Justicia no tuviera idea de la existencia de la causa penal contra Joaquín Sorianello, que había sido archivada apenas unos días antes del debate.

Adrián Pérez, diputado por el Frente Renovador, uno de los principales defensores del proyecto de voto electrónico, nunca pudo decir si la máquina de MSA era una “impresora” o si contenía dos computadoras, una de ellas de propósitos múltiples con conexión a Internet, iniciada mediante un DVD Live y con un chip RFID -con una “jaula” de metal para evitar que entren o salgan ondas de radio-, que traen más problemas de seguridad que soluciones.

Problemas del sistema propuesto

Especialistas de distintas áreas demostraron de forma simple que el voto no era ni seguro ni íntegro; es decir, que podía emitirse muchísimo más que un voto por boleta. También demostraron no todos los ciudadanos podrían fiscalizar el voto de forma correcta. A decir verdad, muy pocos argentinos tiene conocimientos amplios en cuestiones técnicas como para decir cómo funciona una calculadora; mucho menos, un sistema de voto electrónico. Esto hace que la fiscalización correcta del sistema electoral se vuelva exclusiva para personal calificado con conocimientos específicos. El resto de los electores tenemos que confiar en su valoración.

Por último, se demostró que el voto puede ser leído con una aplicación de celular, dado que el chip es de lectura simple con un teléfono que tenga NFC (near field communication), la tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos, como el bluetooth. Esto puede generar un nuevo problema: el “puntero digital”, que paga por un voto y controla, teléfono en mano, que se cumpla.

En sesiones posteriores, pudimos ver la desopilante intervención del diputado del PRO Marcelo Wechsler, quien dijo que el secreto en el voto electrónico estaba protegido electromagnéticamente por una “Capa de Faraday” (existen la jaula y la cubeta de Faraday). #CapaDeFaraday, la invención de Wechsler, llegó a trending topic en Twitter. En YouTube pueden verse videos con su discurso.

Otro de los problemas detectados por los especialistas fue la falta de un manual para hacer la auditoría del sistema, que no se encontraba todavía siquiera en licitación. Esto es claro: sin ley no podemos licitar algo para lo que se necesita una ley. Y una licitación correcta lleva un tiempo prolongado, al que después debe sumarse el tiempo de implementación; más tiempo del que se disponía hasta las elecciones nacionales de 2017, en las que se pretendía usar el voto electrónico.

Votación en Diputados

Dentro del recinto de Diputados, hasta los mismos aliados del PRO solicitaban un plan B en caso de que fallara el sistema de voto electrónico en cualquiera de sus partes. Aquí estuvo el principal error del PRO: el diputado Pablo Tonelli, con gesto burlón, indicó “el sistema no falla, por eso no aceptamos modificaciones”. Hoy vemos los reiterados fallos que tuvo el sistema de voto electrónico en las distintas modalidades que presentó la elección en Estados Unidos, donde se tuvo que implementar el dichoso “plan B”. Allí estaba previsto que pudiera tener inconvenientes el voto electrónico, e incluso un trabajo constante sobre la seguridad y el funcionamiento correcto no dio los frutos esperados.

El periodismo afín al gobierno generó noticias falsas donde hasta se cuestionó a la diputada por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, diciendo que había aceptado votar a favor del voto electrónico (con el diario del lunes, vemos que esto no fue así).

Se necesitaron tres sesiones -y la modificación de varios artículos del proyecto- para llegar a la votación. Los diputados de UCR, PRO, Frente Renovador y FAP votaron a favor de la ley, que obtuvo media sanción. Los diputados de Frente para la Victoria, FIT y PO votaron en contra.

Varios especialistas en seguridad informática y derecho, algunos que habían dado su opinión en Diputados y otros que no, nos dimos cita en la sesión. Todos nos conocíamos de nombre, algunos de vista. En ese lugar, todos juntos hablando del mismo tema desde distintas especialidades, distintas visiones, y con mucho respeto, comenzó una organización impensada.

Votación en Senadores

Ya en la Cámara de Senadores hubo mayor participación de los especialistas, muchos de colores ideológicos distintos y hasta varios afines al Poder Ejecutivo pero con posiciones marcadas en contra del voto electrónico, que no es una cuestión partidaria, sino democrática. Los informáticos Alfredo Ortega y Javier Smaldone llegaron a leer el voto desde más de tres metros de distancia y con una minipimer como antena, o a romper el chip con un sacacorchos. Estas intervenciones mostraron los problemas de los senadores para entender qué dificultades representaba la inclusión de tecnología en cualquier parte del proceso electoral. La jueza María Romilda Servini de Cubría, quien debía comprender el proceso electoral de punta a punta dado que preside el Tribunal Electoral, dijo “no entiendo absolutamente nada y ni me importa”, y delegó sus funciones en personal técnico.

Lo más curioso fue que entre los especialistas estuvo Sergio Angelini, fundador, presidente y principal accionista del Grupo MSA, a cargo de las elecciones con voto electrónico de Salta y la Ciudad de Buenos Aires. Él dijo que MSA no estaba en carrera en el proceso de licitación; es extraño, porque al no existir ley, no puede haber licitación. Según Angelini, el Poder Ejecutivo le habría bajado el pulgar por los distintos problemas que se demostraron en las sesiones de Diputados y se confirmaron en las de Senadores. En medio de su discurso se escuchó un fuerte y claro “mentiroso, mentiroso” cuando aseguró que la empresa había informado a la justicia que estaban recibiendo un ataque informático al recibir la denuncia de Joaquín Sorianiello. Esto no es verdad y me lleva a, por lo menos, desconfiar de cada palabra que diga.

En todas las sesiones, diputados y senadores, generalmente del Frente para la Victoria, preguntaron “cuánto cuesta” la implementación del sistema de voto electrónico, sin respuesta. Hasta el mismo vendedor del Grupo MSA omitió definir el precio de su producto. El diputado Adrián Pérez, en cambio, tuvo más cintura política y dijo no saber qué sistema se iba a utilizar dado que en la ley no estaba definido. Sí, correcto: estaban haciendo una ley electoral que no definía el proceso electoral, por eso Pérez no podía decir cuánto cuesta.

La democracia argentina tuvo un poco de “suerte”: el bloque de senadores del Frente Para la Victoria rechazó el proyecto. Lo hizo luego de ver los problemas que tuvo Estados Unidos con su proceso electoral (con los distintas formas de voto electrónico), evaluando los problemas que planteaban todos los especialistas y sin encontrar ni uno solo que se pusiera la camiseta en favor del voto electrónico (nadie se va a inmolar en favor de un capricho de nene mimado presidencial). Pero el proceso de inserción del voto electrónico continúa: lo que antes se intentaba como ejemplo de gestión del presidente (introducirlo primero una elección nacional, como la legislativa 2017, para después llevarlo a las elecciones locales), ahora se está intentando sumar a distintas provincias.

Caso Córdoba

El primer caso fue Córdoba. El actual gobernador, Juan Schiaretti, implementó una reforma electoral apoyado por la Legislatura, y se votará de forma electrónica en toda la provincia, a pesar de que varias personalidades del sector legal y técnico expresaron sus distintos puntos de vista (todos en contra del voto electrónico, nuevamente). Solo personal técnico inscripto en el Colegio de Técnicos e Informáticos de Córdoba podrá validar el proceso electoral. Esto cercena todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, empezando por el de verificar por sí mismos el acto electoral, y por lo tanto es una violación al comicio. Son muy pocas las personas que podrían fiscalizar el total de las mesas de la provincia de Córdoba.

El gobierno de Córdoba cambia un sistema utilizado, probado y funcionando de forma correcta, el dela Boleta Única en Papel, por otro que ya fue demostrado que es inútil, malo, espurio. Nadie informó cuál era el problema de usar Boleta Única en Papel; hace años, el mismo Adrián Pérez que hoy defiende el voto electrónico lo pedía con los mismos gritos.

El voto electrónico se aprobó aun con todos los problemas que mencionaron muchísimos especialistas en el mundo entero: problemas evidentes en los procesos electorales en Salta y CABA, irregularidades en el intento de reforma electoral (en el proceso de licitación, por ejemplo), problemas para cumplir de forma técnica con los derechos que garantiza la actual ley electoral (voto íntegro, secreto y universal), problemas de conectividad, ecológicos (toneladas de baterías de litio, material no biodegradable, consumo de energía) y costos nunca definidos.

Ninguna reforma electoral puede ser tan simple para tratarse tan a la ligera, mucho menos con personas que no tienen conocimientos y les importa poco tenerlos. El especialista Alfredo Ortega, que expuso tanto en Diputados como en Senadores, fue terminante: “(si se aprueba la ley) no puede ser ignorancia, ya se los dijimos de todas las formas posibles: esto es un caso de corrupción”.

Este es el desafío que nos va a encontrar a lo largo de este año 2017: seguir defendiendo el más fundamental acto de la democracia, el voto. Hay que hacerlo para desafiar las palabras de Stalin: “importante no es quién vota, sino quién cuenta los votos”.